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Los Indígena Fueron Escuchados En Comisión De La Procuraduría

Con el concurso de varios secretarios y subsecretarios de despacho, la Administración Distrital de Santiago de Cali atendió una convocatoria de la Procuraduría Provincial, para integrar una comisión de seguimiento frente a las inquietudes de la comunidad indígena que ocupaba irregularmente un terreno protegido en el sector de La Viga, a orillas del río Pance y que fue objeto de restitución por tratarse de un bien público.

Varios gobernadores indígenas y líderes de esa comunidad expusieron sus preocupaciones frente a temas como el respeto a su identidad cultural, costumbres y creencias, argumentando que deben ser tenidas en cuenta en cualquier proceso social que se adelante con ellos.

Para este diálogo, la Alcaldía de Cali dispuso de un amplio equipo en representación de las secretarías de Gobierno, Seguridad y Justicia, Bienestar Social, Vivienda, Cultura, Dagma y el Corregidor de Pance.

“Luego de la restitución del bien protegido, es el momento de identificar las propuestas para proteger los derechos de las comunidades y acompañarlos en los procesos donde se les pueda integrar a la oferta institucional”, manifestó Jesús Darío González, secretario de Gobierno de Cali, quien indicó que se allanará el camino para la posibilidad de soluciones de vivienda rural.

Para el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, la Alcaldía actuó en el marco constitucional y el proceso de restitución debe respetarse, “lo que no impide que las inquietudes sean escuchadas y las comunidades sean acompañadas en la protección de sus derechos”.

El procurador Provincial, Juan Fernando Sanclemente, destacó el ambiente de respeto e igualdad de oportunidades para la discusión. “Observo que la Administración Distrital tiene una buena voluntad para avanzar en este proceso”, expresó el representante del Ministerio Público.

La convocatoria contó además con representaciones de la Defensoría del Pueblo y la Personería, la Policía Metropolitana, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Arquidiócesis de Cali y la Oficina de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca.

Esta mesa de trabajo sigue abierta en el propósito de avanzar en soluciones concertadas, basadas en el respeto, el acatamiento de la Ley y el reconocimiento de los derechos constitucionales.

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